Denuncia de CC.OO.: la sede de Alcalá de la Biblioteca Nacional carece de licencia
La noticia ha estallado como una granada en los pasillos de la cultura española: Comisiones Obreras denuncia que la sede de Alcalá de Henares de la Biblioteca Nacional de España (BNE) lleva tres décadas funcionando sin licencia de actividad. Y, como si de una metáfora perfecta se tratara, el edificio acumula humedades, desprendimientos, plagas de conejos y hasta brotes de legionella. Pero lo más preocupante no es solo el estado físico de sus muros, sino lo que implica para el futuro del patrimonio cultural que allí se custodia y para los trabajadores que cada día cruzan sus puertas.
La licencia de actividad: garantía de legalidad y seguridad
En cualquier negocio, institución o espacio público, la licencia de actividad no es un papel administrativo sin valor, sino la prueba de que un inmueble cumple con los requisitos legales para funcionar con seguridad. Sin este permiso, lo que se abre es la puerta a riesgos de todo tipo: incendios sin control, instalaciones deficientes, problemas de climatización y peligros sanitarios. Y lo que en una tienda puede ser grave, en un edificio que alberga millones de documentos históricos puede ser sencillamente desastroso.
El caso de la sede de Alcalá ilustra a la perfección la importancia de estas licencias. No hablamos solo de licencias de apertura o de una declaración responsable para levantar una persiana. Se trata de una infraestructura pública que debería haber sido ejemplo de cumplimiento normativo y que, sin embargo, funciona como si las reglas fueran optativas. De ahí que la denuncia sindical cobre un cariz especialmente grave.
En este contexto, conviene recordar que incluso las intervenciones menores necesitan respaldo normativo. Basta con observar cómo, en la actualidad, solicitar una licencia obra menor Sevilla es requisito indispensable para cualquier reforma ligera. ¿Cómo es posible que una de las instituciones culturales más importantes del país ignore un trámite tan esencial?
Un edificio con grietas visibles
La denuncia de CC.OO. se apoya no solo en la ausencia de licencia, sino en una larga lista de deficiencias que el Tribunal de Cuentas ya había advertido en 2024. Las filtraciones de agua se multiplican en ventanas mal selladas; el sistema de climatización no resiste los veranos y llega a poner en riesgo los fondos bibliográficos; los sistemas de extinción contra incendios carecen de capacidad suficiente y, lo más alarmante, nunca fueron legalizados.
A estos problemas se suman desprendimientos de materiales, puertas de depósitos que no cierran y episodios de plagas que obligan a fumigaciones periódicas. Todo ello sin un plan urbanístico que permita ampliaciones y con una opacidad preocupante en la gestión.
En paralelo, conviene subrayar que lo que aquí se discute no es un mero tecnicismo burocrático. Si un particular que desea abrir un negocio en Sevilla necesita tramitar su licencia de actividad Sevilla, ¿qué sentido tiene que un centro que custodia 250 kilómetros de estanterías cargadas de historia funcione sin esa cobertura legal?
La importancia de las licencias y el riesgo de ignorarlas
Las licencias de obra, las licencias de apertura y las licencias de actividad no son meros sellos recaudatorios. Representan la validación técnica y jurídica de que un espacio cumple con las condiciones para ser utilizado de manera segura. Ignorarlas supone poner en peligro tanto a las personas como al propio patrimonio. En Alcalá, el sindicato alerta de sistemas obsoletos, riesgos de incendios incontrolables y enfermedades derivadas de la falta de control en las aguas.
El asunto no es baladí: hablamos de la segunda sede de la BNE, inaugurada en 1993, ampliada en 1999 y que hoy roza el 85% de su capacidad. Sin licencia de actividad, la ampliación ni siquiera puede plantearse con seriedad. Mientras tanto, trabajadores y visitantes conviven con deficiencias que ningún negocio privado podría permitirse sin exponerse a un cierre inmediato.
Los medios ya han comenzado a reflejar esta situación, convirtiendo el caso en una de las principales noticias sobre licencias en España en los últimos años. Y no es para menos: la contradicción entre lo que se exige a la ciudadanía y lo que incumple el Estado resulta difícil de justificar.
La presión sindical y la respuesta institucional
CC.OO. ha pedido la destitución inmediata del director general, Óscar Arroyo, y del director técnico, José Luis Bueren, acusándolos de ocultar información al Ministerio de Cultura. El sindicato denuncia que sus solicitudes de información han recibido silencio por respuesta, lo que agrava la percepción de opacidad. Al ministro Urtasun le colocan una difícil papeleta: o actúa, o será cómplice de cualquier desgracia que pueda ocurrir.
La respuesta oficial, de momento, ha sido el mutismo. Ni la dirección de la BNE ni el Ayuntamiento de Alcalá han querido aclarar cómo se justifica que el edificio siga funcionando sin licencia. Mientras tanto, las deficiencias se multiplican, el tiempo pasa y el edificio envejece con cicatrices cada vez más visibles.
Una lección para todos los sectores
Más allá de la anécdota y de la gravedad de este caso concreto, lo ocurrido en la sede de Alcalá debería servir como recordatorio de algo evidente: las licencias de actividad, de apertura, de obras o las declaraciones responsables son imprescindibles para cualquier proyecto, público o privado. No hay excepción posible. Si se obvian, el riesgo no solo es legal, sino también humano, económico y patrimonial.
En tiempos en los que la seguridad, la sostenibilidad y la transparencia son valores irrenunciables, resulta incomprensible que una institución que custodia la memoria escrita de un país ignore un requisito tan básico. Los empresarios, autónomos y ciudadanos lo saben bien: sin licencia, no hay actividad posible. La paradoja de la Biblioteca Nacional en Alcalá es que, pese a todo, sigue funcionando. Y esa paradoja es la que convierte este caso en un escándalo de primer orden.
La denuncia de CC.OO. no debería quedarse en titulares pasajeros. La ausencia de licencia en la sede de Alcalá es una herida abierta en la credibilidad de las instituciones y una alerta sobre los peligros de ignorar lo obvio. Porque la licencia de actividad no es un trámite más: es la garantía de que lo que hacemos, lo hacemos bien, dentro de la ley y con seguridad para todos.