El McDonald’s de Puertochico podría abrir si cumple la licencia: “No se le puede prohibir”
Hablemos con claridad. El debate sobre la apertura del McDonald’s en el Mercado de Puertochico no es una cuestión de preferencias gastronómicas ni de nostalgia por el comercio tradicional. Es, fundamentalmente, una cuestión de legalidad administrativa y de cumplimiento normativo. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, lo ha expresado sin rodeos: si la multinacional estadounidense cumple los requisitos exigidos para obtener las licencias de obra y de actividad, el establecimiento abrirá sus puertas porque, sencillamente, no existe base legal para impedirlo.
Estamos ante un caso que ilustra perfectamente la importancia del marco regulatorio municipal en España y cómo las administraciones públicas están obligadas a actuar dentro de los límites que marca la ley. No hay espacio para la arbitrariedad cuando hablamos de licencias administrativas, y esto es algo que conviene recordar en tiempos donde las emociones a menudo pretenden sustituir al derecho.
La Naturaleza Reglada de las Licencias de Actividad
Comprendamos primero lo esencial: la tramitación de licencias municipales constituye un acto administrativo reglado. Esto significa que la administración no dispone de margen discrecional para conceder o denegar una autorización según criterios subjetivos o políticos. Existe un procedimiento establecido, unos requisitos técnicos definidos y una obligación de resolver conforme a derecho.
En el caso del McDonald’s de Puertochico, el proceso se encuentra actualmente en fase técnica de resolución de alegaciones. Los vecinos del barrio han presentado quejas relacionadas con aspectos como los horarios de apertura y la ubicación de las salidas de humos. Estas alegaciones deben ser estudiadas con rigor técnico y jurídico, pero no pueden convertirse en instrumentos para vetar un proyecto por motivos ideológicos o comerciales.
Aquí radica la importancia fundamental de entender cómo funciona la licencia de apertura en nuestro ordenamiento jurídico. No son concesiones graciables que la administración otorga según su voluntad, sino autorizaciones que deben concederse cuando se cumplen los requisitos normativos establecidos. La seguridad jurídica de cualquier empresario, sea una multinacional o un pequeño comerciante local, depende de este principio.
El Marco Legal que Protege la Actividad Económica
La Constitución Española garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Este derecho fundamental no es absoluto, evidentemente, y puede ser limitado por razones de interés general debidamente justificadas. Sin embargo, esas limitaciones deben estar establecidas por ley y aplicarse de manera objetiva, nunca discriminatoria.
Cuando un operador económico solicita las pertinentes licencias de obras y de actividad, la administración municipal tiene la obligación de verificar que el proyecto cumple con la normativa urbanística, las ordenanzas municipales, la legislación sectorial aplicable y las normas de seguridad, salubridad y medioambientales. Si todos estos requisitos se satisfacen, la licencia debe concederse.
La alcaldesa de Santander ha sido especialmente clara en este punto: “Hay unos requerimientos para obtener una licencia, que es un acto reglado. Si los cumplen, McDonald’s recibirá la licencia y sino, no”. Y ha añadido algo igualmente relevante: en esta fase de la tramitación “la mano política no existe”. Esta declaración, más allá de cualquier consideración política, refleja una comprensión correcta del funcionamiento de la administración pública en un Estado de Derecho.
La Realidad del Mercado de Puertochico y su Concesión
Conviene examinar los hechos con objetividad. El operador concesionario Bakia Mercado de Puertochico Abastos Gestión asumió la gestión del área gastronómica del mercado con un doble objetivo: conservar los puestos de los comerciantes preexistentes y conseguir que la instalación tuviese más vida alquilando los espacios vacantes.
Según ha explicado la regidora municipal, hubo negociaciones con otros operadores que no fructificaron. La primera opción era para un hostelero de Cantabria, pero la negociación no prosperó. En este contexto, y ante la necesidad de hacer viable económicamente el mercado, McDonald’s ha adquirido varios módulos que sumarán aproximadamente 400 metros cuadrados, casi un tercio del espacio total y más de la mitad del área destinada a gastronomía.
Esta situación plantea una reflexión importante sobre la viabilidad de los mercados municipales tradicionales en la España contemporánea. La realidad es que muchos de estos espacios enfrentan serias dificultades para mantenerse activos y atractivos para los consumidores. La entrada de operadores con mayor capacidad de inversión puede resultar controversial, pero a menudo es la única alternativa a un cierre progresivo.
La Importancia Crítica de las Licencias en la Actualidad
Este caso nos permite reflexionar sobre algo fundamental: la importancia que tienen hoy día las licencias de actividad, las declaraciones responsables, las licencias de apertura y las licencias de obras en el correcto funcionamiento de nuestra economía y en la protección tanto de empresarios como de ciudadanos.
Estas autorizaciones administrativas no son meros trámites burocráticos. Son instrumentos esenciales para garantizar que cualquier actividad económica se desarrolla cumpliendo con los estándares de seguridad, salubridad, accesibilidad y protección medioambiental que nuestra sociedad ha establecido democráticamente. Un proyecto de licencia de apertura bien elaborado es la garantía de que un establecimiento ha sido diseñado y será operado conforme a la normativa vigente.
Para cualquier empresario, independientemente del tamaño de su negocio, contar con las licencias administrativas en regla no es opcional: es imperativo. La ausencia de estas autorizaciones puede acarrear sanciones económicas muy significativas, órdenes de cierre del establecimiento e incluso responsabilidades penales en casos graves.
El Conflicto entre Legalidad y Preferencias Ciudadanas
El malestar vecinal es comprensible y legítimo. Nadie discute el derecho de los residentes de Puertochico a expresar su desacuerdo con un modelo de negocio que consideran ajeno a la identidad tradicional de su barrio. La creación de la Comisión Salvemos el Mercado y las manifestaciones de protesta forman parte del ejercicio democrático de la participación ciudadana.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre expresar una preferencia y pretender que esa preferencia se convierta en norma por la vía de la presión política. Como ha señalado la alcaldesa con sensatez: “Entiendo que a los vecinos les pueda gustar más un establecimiento de gastronomía u otro, a mí también me puede gustar más uno que otro. Pero yo no puedo prohibir a McDonald’s ni puedo incentivar a otro para aupar a quien a mí más me guste”.
Este es un principio rector en cualquier Estado de Derecho: las administraciones públicas están vinculadas por la ley y no pueden actuar según preferencias personales o presiones de grupos de interés, por respetables que sean sus motivaciones. La seguridad jurídica exige que todos los operadores económicos sean tratados con los mismos criterios objetivos.
Las Alegaciones y el Procedimiento Técnico
Las alegaciones presentadas por los vecinos deben ser examinadas con el rigor que merece cualquier documento en un procedimiento administrativo. Si las quejas sobre horarios o salidas de humos están fundamentadas técnicamente y evidencian incumplimientos normativos reales, la administración está obligada a exigir las correcciones necesarias antes de conceder las licencias definitivas.
Este es precisamente el momento en que la importancia de un proyecto técnico bien elaborado se hace evidente. Los técnicos municipales deben verificar que todos los aspectos del proyecto cumplen con la normativa aplicable: la normativa urbanística, las ordenanzas municipales, el Código Técnico de la Edificación, la normativa sobre protección contra incendios, las regulaciones sobre evacuación de humos, la legislación sobre accesibilidad, las normas de eficiencia energética y un largo etcétera.
Si el proyecto presenta deficiencias, deben subsanarse. Si cumple todos los requisitos, la licencia debe concederse. No hay más opciones dentro del marco legal vigente.
El Precedente de otros Establecimientos
La alcaldesa ha recordado que ya existen otros establecimientos en el mercado, como La Crujiente, que ocupan más de un módulo. Este dato no es banal: establece un precedente de que la agrupación de varios espacios por un mismo operador es compatible con las condiciones de la concesión y con el modelo de gestión del mercado.
Pretender aplicar criterios diferentes según la identidad del operador sería contrario al principio de igualdad ante la ley. Si un establecimiento local puede ocupar varios módulos, no existe base jurídica para impedir que un operador internacional haga lo mismo, siempre que cumpla las condiciones establecidas.
Lecciones para Empresarios y Administraciones
Este caso ofrece lecciones valiosas para todos los implicados en el complejo mundo de las licencias de actividad y la gestión de espacios comerciales.
Para los empresarios, la enseñanza es clara: invertir en un proyecto técnico riguroso desde el principio es fundamental. Contar con profesionales especializados en la tramitación de licencias, que conozcan en profundidad la normativa aplicable y puedan anticipar posibles objeciones, es la mejor garantía de éxito en cualquier proceso de apertura de un establecimiento.
Para las administraciones públicas, el recordatorio es igualmente importante: la transparencia en los procedimientos, la aplicación objetiva de la normativa y la comunicación clara con todos los actores implicados son esenciales para mantener la confianza ciudadana en las instituciones.
Para los ciudadanos, la lección es que la participación debe canalizarse a través de los mecanismos legales establecidos: las alegaciones en los procedimientos administrativos, los recursos si consideran que ha habido irregularidades, y la movilización para cambiar las normas que consideren inadecuadas a través de los cauces democráticos.
El McDonald’s de Puertochico abrirá si cumple la licencia porque no se le puede prohibir. Así funciona el Estado de Derecho. Y así debe seguir funcionando.