LaLiga advirtió al Ayuntamiento de Valencia de las irregularidades en las licencias de actividad de Mestalla
LaLiga advirtió al Ayuntamiento de Valencia de las irregularidades en las licencias de actividad de Mestalla mucho antes de que la controversia llegara a la Fiscalía Provincial. Las comunicaciones enviadas durante 2023 revelan que la patronal del fútbol profesional tenía dudas sobre la documentación administrativa del estadio y reclamó al consistorio una confirmación expresa de su habilitación para celebrar encuentros deportivos.
El conflicto enfrenta dos interpretaciones: la necesidad de acreditar las autorizaciones exigibles para desarrollar una actividad y la validez de una licencia municipal concedida en 1928. Casi un siglo después, aquella autorización continúa siendo el principal argumento utilizado por el Ayuntamiento para defender la situación administrativa del recinto.
Desde nuestra perspectiva, el caso demuestra por qué una licencia de actividad constituye mucho más que un trámite burocrático. Su correcta acreditación permite conocer las condiciones legales de funcionamiento de un establecimiento, identificar las obligaciones de sus responsables y garantizar que las actividades se desarrollen conforme a las exigencias aplicables.
Las primeras advertencias de LaLiga sobre las licencias de Mestalla
En febrero de 2023, Javier Gómez, director general de LaLiga, remitió una comunicación al Ayuntamiento de València solicitando aclaraciones sobre las autorizaciones administrativas del estadio. La patronal había examinado documentación facilitada por el Valencia CF y el propio consistorio, pero consideraba que aquella información no permitía confirmar suficientemente el cumplimiento de las obligaciones necesarias para celebrar partidos profesionales.
La comunicación no equivalía a declarar ilegal el funcionamiento de Mestalla. Su alcance era diferente: LaLiga solicitaba que la administración competente confirmase la existencia y suficiencia de los títulos habilitantes correspondientes.
Esta distinción resulta fundamental. Una entidad deportiva puede reclamar garantías documentales sin asumir las competencias municipales de autorización, inspección o control. Corresponde a cada organismo actuar dentro de sus atribuciones y justificar adecuadamente sus decisiones.
Abril de 2023: LaLiga insiste ante el Ayuntamiento de Valencia
Dos meses después, las dudas seguían sin resolverse satisfactoriamente para la patronal. En abril de 2023, LaLiga volvió a dirigirse al Ayuntamiento para insistir en la necesidad de acreditar las licencias de apertura y funcionamiento de Mestalla o una situación jurídica equivalente.
La segunda comunicación adquiere especial importancia porque demuestra que no se trataba de una consulta aislada. Existía una discrepancia administrativa que continuaba abierta pese al intercambio previo de información.
En este contexto, conviene recordar que las licencias de actividad Valencia deben analizarse atendiendo a la normativa aplicable, las características del establecimiento, sus antecedentes administrativos y las modificaciones realizadas durante su vida útil.
La antigüedad de una instalación no determina automáticamente que carezca de autorización, pero tampoco sustituye la necesidad de comprobar qué actividades están amparadas por sus títulos administrativos y qué obligaciones posteriores resultan exigibles.
La licencia de Mestalla de 1928: el argumento del Ayuntamiento
La controversia adquirió una nueva dimensión en agosto de 2023, cuando Urbanismo defendió la vigencia de una autorización municipal concedida el 6 de febrero de 1928.
Según los antecedentes recogidos en la documentación citada por Miguel Zorío, aquella licencia procedía de una solicitud presentada el 23 de octubre de 1926 para construir una nueva tribuna de preferencia en el campo del Valencia CF.
El proyecto contemplaba sustituir elementos de madera por una estructura con ladrillo, viguetas de hierro, bovedillas y una cubierta formada por componentes metálicos y planchas de zinc.
Los archivos municipales también recogían la comprobación de las obras por un arquitecto del Ayuntamiento. Sobre esa base documental, el consistorio sostuvo que la autorización histórica permitía ejecutar las actuaciones y desarrollar la actividad deportiva correspondiente.
Sin embargo, una licencia de obras y una autorización para ejercer una actividad no son necesariamente documentos equivalentes. Su alcance debe interpretarse conforme al régimen jurídico vigente cuando fueron concedidas, las condiciones establecidas y la evolución posterior del inmueble.
¿Puede una licencia municipal de hace casi cien años seguir siendo válida?
La respuesta requiere estudiar cada expediente. Una autorización antigua no pierde necesariamente su eficacia por el mero transcurso del tiempo. Tampoco podemos concluir que cualquier licencia histórica ampare automáticamente ampliaciones, reformas sustanciales o cambios de actividad posteriores.
Para determinar su alcance debemos examinar el proyecto autorizado, las condiciones originales, las modificaciones ejecutadas, las disposiciones transitorias y las obligaciones actuales que resulten aplicables.
En tulicenciadeactividad.es encontramos un ámbito especializado en la tramitación de actividades empresariales, una cuestión especialmente relevante cuando resulta necesario diferenciar entre licencias históricas, declaraciones responsables, autorizaciones de apertura y proyectos técnicos.
En el caso de Mestalla, el debate consiste precisamente en determinar si la documentación conservada permite acreditar suficientemente la habilitación administrativa para la actividad deportiva profesional desarrollada actualmente.
De las advertencias de LaLiga a la investigación de la Fiscalía
Las comunicaciones de 2023 adquirieron posteriormente relevancia cuando Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, las incorporó a la documentación presentada ante la Fiscalía Provincial de Valencia.
Su denuncia cuestionaba la interpretación municipal sobre la licencia de 1928 y planteaba posibles responsabilidades relacionadas con la celebración de acontecimientos deportivos en el estadio.
Según los antecedentes conocidos del procedimiento, la Fiscalía abrió diligencias para investigar hechos que podrían presentar relevancia penal, incluida una posible prevaricación administrativa.
La apertura de diligencias no acredita la comisión de un delito. Tampoco demuestra por sí sola que Mestalla carezca de una autorización válida. La investigación debe esclarecer los hechos, las decisiones administrativas adoptadas y la eventual existencia de conductas penalmente relevantes.
La prevaricación administrativa exige requisitos jurídicos específicos. No basta con que exista una interpretación discutible sobre una licencia: deben concurrir los elementos establecidos por la legislación penal, incluida una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia.
La importancia real de las licencias de actividad y apertura hoy en día
El caso de Mestalla permite abordar una cuestión que afecta a miles de establecimientos españoles. Las licencias de actividad, las licencias de apertura y las declaraciones responsables forman parte del sistema de control administrativo de las actividades económicas.
Su finalidad no consiste únicamente en permitir la apertura de un negocio. También contribuyen a verificar, mediante los procedimientos correspondientes, aspectos relacionados con la seguridad, la accesibilidad, el urbanismo, las instalaciones y la protección ambiental.
En actividades con gran afluencia de público, como los estadios deportivos, adquieren especial relevancia las condiciones de evacuación, la prevención de incendios, la capacidad autorizada y el mantenimiento de las instalaciones.
Una autorización administrativa tampoco sustituye las inspecciones periódicas ni las obligaciones de conservación. El cumplimiento debe mantenerse durante el funcionamiento de la actividad, especialmente cuando se producen reformas o modificaciones significativas.
Licencia de actividad, declaración responsable y licencia de obras: diferencias fundamentales
En nuestra práctica profesional debemos distinguir procedimientos que frecuentemente se confunden.
- Licencia de actividad: autorización administrativa exigible para determinadas actividades cuando así lo establece su régimen jurídico.
- Licencia de apertura: denominación utilizada para autorizaciones relacionadas con la puesta en funcionamiento de establecimientos, según la normativa aplicable.
- Declaración responsable: documento mediante el cual el interesado manifiesta que cumple los requisitos exigidos, dispone de la documentación acreditativa y mantendrá su cumplimiento.
- Licencia de obras: autorización urbanística necesaria para determinadas actuaciones constructivas, cuando no procede otro instrumento de intervención.
La declaración responsable no elimina las obligaciones técnicas ni impide las comprobaciones municipales posteriores. Asimismo, disponer de una licencia de obras no significa necesariamente contar con todas las autorizaciones necesarias para iniciar una actividad.
Qué deben comprobar los titulares de instalaciones y establecimientos
La controversia de Mestalla recuerda la conveniencia de conservar un expediente administrativo completo y actualizado. Resulta especialmente importante comprobar la correspondencia entre la actividad autorizada y la realmente desarrollada, así como documentar las reformas y modificaciones relevantes.
También debemos revisar las condiciones de protección contra incendios, accesibilidad, evacuación y seguridad exigibles según el uso del inmueble. En establecimientos sujetos a controles específicos, estas comprobaciones deben coordinarse con las inspecciones y certificaciones correspondientes.
La intervención de profesionales técnicos especializados permite identificar discrepancias documentales, estudiar expedientes antiguos y determinar si procede tramitar una nueva autorización, presentar una declaración responsable o regularizar determinadas actuaciones.
Mestalla y las licencias municipales: una controversia todavía pendiente de aclaración
Las cartas remitidas por LaLiga al Ayuntamiento de Valencia durante febrero y abril de 2023 constituyen antecedentes relevantes para comprender el conflicto administrativo de Mestalla. La patronal reclamaba garantías documentales; el Ayuntamiento defendía la eficacia de una autorización concedida en 1928; y la denuncia posterior trasladó esa discrepancia al ámbito de la investigación penal.
La cuestión esencial sigue siendo determinar si los títulos administrativos existentes acreditan adecuadamente la actividad actual del estadio y si las actuaciones institucionales respetaron las obligaciones legales correspondientes.
Más allá del resultado de la investigación, el caso pone de relieve una enseñanza aplicable a cualquier establecimiento: las licencias de actividad, las declaraciones responsables, las licencias de apertura y las licencias de obras deben gestionarse con rigor técnico, seguridad jurídica y documentación verificable. Porque una autorización correctamente tramitada no solo permite desarrollar una actividad: también ayuda a prevenir conflictos administrativos que pueden prolongarse durante años.