Mataró y el fin de un cámping ilegal: todo lo que ocurrió tras el desalojo
La madrugada en Mataró amaneció distinta aquel lunes. Lo que durante meses fue un secreto a voces —un cámping ilegal levantado sobre suelos agrícolas y forestales protegidos— terminó desmantelado en una operación tan contundente como inevitable. El consistorio, tras reiteradas advertencias y resoluciones judiciales, desplegó un dispositivo de seguridad y técnicos municipales sin precedentes. El objetivo: clausurar un macroasentamiento de 160 parcelas que, más allá de lo urbanístico, se había convertido en un polvorín.
El riesgo invisible: incendios sin control ni prevención
El núcleo de la polémica no residía solo en la ilegalidad urbanística. Lo realmente alarmante era la ausencia absoluta de un plan de autoprotección. Cocinas improvisadas, instalaciones eléctricas precarias, acumulación de bombonas de gas y residuos convertían cada parcela en un foco de peligro. En un verano marcado por incendios en el entorno periurbano, la chispa de una estufa podía desencadenar una tragedia. Sin equipos de protección contra incendios, sin hidrantes, sin señalización de evacuación… el desalojo se presentaba no como un acto administrativo, sino como una medida de supervivencia.
El operativo de desalojo: un despliegue a la altura del riesgo
Más de 300 personas participaron en la operación: 150 agentes de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, junto a otros 150 técnicos municipales, personal de Cruz Roja y empresas de suministros. El terreno, 15 hectáreas pegadas al Parc Natural del Montnegre i Corredor, se convirtió desde primera hora en escenario de una coordinación quirúrgica. El mandato judicial fue claro: cortar suministros, retirar instalaciones ilegales y proceder al desalojo inmediato.
Lo relevante aquí es que la ausencia de protocolos de seguridad obligó a un esfuerzo extra en la logística. Allí donde debería haber extintores, había cables cruzados. Donde deberían figurar salidas de emergencia, solo había cercas improvisadas. La fotografía era elocuente: sin control, sin prevención, sin garantías.
Licencias de actividad: mucho más que un trámite
Este caso en Mataró pone sobre la mesa una reflexión de fondo. Las licencias de actividad, las declaraciones responsables, las licencias de apertura o las licencias de obras no son meros papeles que ralentizan proyectos. Son la garantía de que cualquier actividad cumple unos estándares mínimos de seguridad, sostenibilidad y respeto al entorno. En especial, la obligación de incorporar sistemas contra incendios y de demostrar que el local o terreno dispone de medidas eficaces de prevención y respuesta.
Lo sucedido en Mataró nos recuerda que instalar un extintor no es un lujo ni un gasto superfluo, sino una exigencia que puede salvar vidas y proteger patrimonios. La legislación no se inventa amenazas; responde a riesgos reales y recurrentes en nuestro país.
El trasfondo normativo: incumplimientos en cadena
El Ayuntamiento llevaba meses alertando de lo que ocurría en esos terrenos, propiedad de una inmobiliaria con contrato de arrendamiento a una sociedad privada. Desde 2022 existían expedientes de disciplina urbanística por barraquismo y usos incompatibles. La actividad del cámping, sin licencia alguna, se mantenía pese a los decretos de clausura. El 16 de julio se notificó oficialmente el cierre, con plazos para el desalojo voluntario. Nadie se movió. La intervención judicial fue el último recurso.
En paralelo, los Mossos d’Esquadra iniciaron una investigación penal por posibles delitos urbanísticos y medioambientales. Lo que comenzó como un campamento de fin de semana había mutado en negocio irregular, con alquiler de parcelas y construcción de estructuras fijas. Y todo ello en suelo agrícola protegido.
De ahí que hoy sea fundamental revisar las normativas que rigen nuestras actividades. No cumplirlas no solo acarrea sanciones económicas, sino que incrementa riesgos para el entorno natural y para las personas.
Consecuencias sociales del desalojo
El dispositivo incluyó también un componente social. Cruz Roja y los equipos de Bienestar Social municipal acompañaron a las personas desalojadas, ofreciendo alternativas temporales y atención sanitaria o psicológica. Se censaron vulnerabilidades, desde medicación urgente hasta necesidades de movilidad o alimentación especial. A las 15:00 horas del mismo día ya se habían realojado a 14 personas. El resto fue derivado a recursos de emergencia.
La operación puso en evidencia otro matiz: la falta de previsión en materia de habitabilidad. Muchos de los residentes habían solicitado empadronamiento en Mataró, generando una situación de doble tensión: por un lado, su derecho a asistencia; por otro, la flagrante ilegalidad de su asentamiento.
El paisaje tras el desalojo
Tras la intervención, el Ayuntamiento ordenó precintar la zona para evitar nuevas ocupaciones. El mensaje político fue contundente: “tolerancia cero con el barraquismo”. La Fiscalía de Medio Ambiente y los Mossos continuarán investigando responsabilidades penales. La recuperación del espacio natural, no obstante, llevará meses. Las estructuras improvisadas, residuos y conexiones eléctricas ilegales no se desmantelan en una jornada.
Una lección para el futuro
Lo ocurrido en Mataró es, en realidad, un espejo en el que deberían mirarse muchos municipios. El control de licencias de apertura, de obras y de actividad debe ir acompañado de inspecciones rigurosas que garanticen el cumplimiento de los requisitos en seguridad, urbanismo y medio ambiente. Especialmente en lo relativo a la instalación de sistemas de prevención contra incendios, que son la primera línea de defensa frente a emergencias.
El fin del cámping ilegal en Mataró nos deja una enseñanza clara: sin licencias, sin normativas y sin prevención, el riesgo no es hipotético, es real. Y en un país donde cada verano se convierte en escenario de incendios forestales devastadores, ignorar esas señales es tanto como invitar al desastre.
El desalojo de este cámping ilegal ha demostrado que la legalidad urbanística y la seguridad ciudadana son dos caras de la misma moneda. Mataró no solo clausuró un asentamiento irregular; evitó una tragedia potencial. Las licencias de actividad y la obligación de contar con equipos de protección contra incendios no son burocracia: son, literalmente, garantías de vida.