Madrid reconoce anomalías en la protección contra incendios de centros sanitarios… y se retracta
En un movimiento que ha sorprendido a propios y extraños, la Comunidad de Madrid ha admitido públicamente la existencia de deficiencias y anomalías en la protección contra incendios de numerosos centros sanitarios, consultorios locales y otros servicios dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. La noticia, difundida a través de un expediente público licitado en plena Semana Santa por un valor de casi dos millones de euros, pone sobre la mesa un debate crucial: la importancia de contar con licencias de actividad, declaraciones responsables, licencias de apertura y licencias de obras debidamente tramitadas y revisadas.
El expediente reconoce que más de 400 locales podrían estar afectados por problemas en sus sistemas de protección antiincendios, incluyendo grupos de bombeo, puertas cortafuegos, rociadores y cada tipo de extintor que no cumplen con la normativa vigente, ya sea por ubicación, altura o mantenimiento. Este reconocimiento pone de relieve que incluso en entornos sanitarios, donde la seguridad debería ser absoluta, las irregularidades pueden existir y, lo que es más preocupante, ser ignoradas hasta que un contrato público lo expone.
Licencias y seguridad: un binomio imprescindible
El caso madrileño evidencia que no basta con abrir un centro sanitario; es fundamental que todas las instalaciones cumplan con la normativa vigente en materia de protección contra incendios. Las licencias de actividad y las declaraciones responsables no son simples formalidades administrativas: garantizan que los locales han pasado revisiones técnicas que incluyen sistemas de detección de humo, rociadores, extintores, mangueras y alarmas conectadas. Todo ello bajo el marco de la legalidad vigente y, sobre todo, con la seguridad de pacientes y profesionales como prioridad.
En este contexto, resulta crucial que cualquier licencia de apertura o licencia de obra contemple un estudio riguroso de riesgos, incluida la instalación y mantenimiento de extintores, redes de rociadores, puertas cortafuegos y sistemas de sectorialización. Ignorar esta obligación puede derivar no solo en sanciones administrativas, sino en riesgos reales para la vida de quienes habitan estos centros.
El contrato de Semana Santa: entre la licitación y la retractación
El contrato licitado por la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de 1.978.181,84 euros, buscaba subsanar las anomalías detectadas en los equipos de protección contra incendios de más de 400 centros de salud. Entre las tareas previstas se incluían la reparación de grupos de bombeo, adecuación de puertas cortafuegos, actualización de rociadores y regularización de la altura de los extintores. No obstante, apenas una semana después, un portavoz de la consejería de Sanidad indicó que se trataba de un error de redacción y que el contrato sería sustituido por otro “más completo”.
El expediente reconocía que el servicio de mantenimiento y el personal de la Gerencia Asistencial habían identificado múltiples averías que necesitaban corrección inmediata. El objetivo, se afirmaba, era garantizar que todos los sistemas de protección contra incendios funcionasen correctamente y pudieran intervenir de manera efectiva ante cualquier emergencia. Este enfoque subraya que las licencias y declaraciones responsables no solo cumplen un papel legal, sino que son esenciales para mantener la seguridad operativa de los centros.
La importancia del mantenimiento preventivo y correctivo
Más allá de la instalación inicial de equipos de protección contra incendios, la Comunidad de Madrid ya contaba con contratos de mantenimiento trimestrales, semestrales y anuales. El nuevo contrato pretendía centrarse en la corrección de deficiencias específicas, como la legalización de nuevas instalaciones, instalación de grupos de bombeo valorados en 33.000 euros o adecuación de pulsadores y alarmas. Este tipo de intervención preventiva es vital para garantizar la efectividad de los sistemas y evitar accidentes que podrían tener consecuencias fatales.
En paralelo, la correcta tramitación de una licencia de obra se convierte en un requisito imprescindible para cualquier modificación o mejora en instalaciones sanitarias. Sin esta licencia, cualquier intervención puede ser considerada irregular, afectando no solo a la seguridad, sino también a la validez de la cobertura legal en caso de siniestro.
El factor humano: profesionales sin formación en incendios
El riesgo de las anomalías no se limita a equipos mal instalados o desactualizados. Muchos trabajadores de atención primaria desconocen los riesgos inherentes a sus instalaciones y carecen de formación sobre el uso correcto de extintores y sistemas de protección. Según Comisiones Obreras, esta falta de conocimiento impide una reacción efectiva ante emergencias, dejando a pacientes y personal vulnerable. La formación en protección contra incendios debe ser obligatoria y continua, formando parte integral de los protocolos que se supervisan en la concesión de licencias de actividad.
Centros antiguos, normativa actual
Los centros de salud con décadas de funcionamiento presentan desafíos particulares. Edificios de 40 años difícilmente cumplen la normativa actual, tanto en accesibilidad como en seguridad contra incendios. Por ello, la actualización de instalaciones y el mantenimiento constante son esenciales. No basta con tener un extintor en la pared: su ubicación, accesibilidad, tipo y mantenimiento son factores que pueden marcar la diferencia entre un incidente controlado y una tragedia.
Seguridad, legalidad y responsabilidad
El caso de Madrid pone en evidencia la necesidad de un enfoque integral en la protección contra incendios en centros sanitarios. La correcta tramitación de licencias de actividad, declaraciones responsables, licencias de apertura y licencias de obras es tan crucial como la instalación y mantenimiento de los equipos de seguridad. Solo así se puede garantizar que los profesionales y pacientes estén protegidos, que las instalaciones cumplan la normativa y que los riesgos se reduzcan al mínimo.
Las decisiones administrativas, los contratos públicos y las intervenciones técnicas deben estar alineadas con este objetivo: una protección efectiva y continua. Madrid reconoce las anomalías, se retracta, pero el mensaje es claro: la seguridad contra incendios no admite medias tintas. Cada extintor, cada rociador, cada puerta cortafuegos y cada licencia deben ser revisados y actualizados, porque la vida y la seguridad no pueden esperar.