El PSOE cuestiona el retraso en abrir el distrito Bellavista: licencias, abandono y extintores en el centro del debate
No hay silencio más revelador que el de un edificio nuevo, terminado, limpio… pero vacío. Así lleva casi dos años la sede del Distrito Bellavista-La Palmera, en Sevilla. Finalizada bajo el anterior mandato socialista, la construcción está ahí, quieta, muda, sin uso y sin una fecha clara de apertura. Mientras tanto, los vecinos siguen acudiendo a un módulo prefabricado y vetusto que poco tiene que ver con lo que se les prometió.
Una inversión olvidada entre papeles y excusas
El PSOE de Sevilla ha salido a la palestra con contundencia. Lo que debía ser una mejora tangible en la atención a la ciudadanía se ha convertido, denuncian, en el símbolo de la desidia administrativa del actual gobierno municipal. Y no se trata solo de un problema de atención vecinal. El nuevo edificio, construido con una inversión pública de 829.000 euros, lleva cerrado desde 2023 porque no ha sido “recepcionado” oficialmente por el Ayuntamiento. Todo apunta a una maraña de trámites burocráticos y a la falta de voluntad política.
Extintores, licencias y seguridad: piezas que no se pueden obviar
En medio de esta parálisis, hay una cuestión que apenas ha salido a la luz, pero que es clave en todo proceso de apertura de un edificio público: la seguridad contra incendios. Cualquier sede municipal, por muy moderna que sea, no puede abrir sin cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia de protección. Entre estos requisitos está la presencia e instalación de extintores adecuados, homologados y visibles, un paso obligatorio para obtener las licencias necesarias para operar legalmente.
Desde el punto de vista técnico y administrativo, la seguridad pasiva contra incendios no es una recomendación: es un requisito legal. Los ayuntamientos no solo deben predicar con el ejemplo, sino también garantizar que cualquier dependencia municipal cuente con los elementos de protección adecuados para su personal y para los ciudadanos que acudan a recibir atención.
¿Dónde está el extintor? El precio de retrasar lo esencial
La edil socialista Carmen Fuentes fue clara: “todo estaba previsto”, se habían completado los trabajos eléctricos, se había replanteado la planimetría del edificio, y el traslado parecía inminente. Pero todo sigue parado. Y en ese todo está, probablemente, la falta de dotaciones clave como extintores tipo ABC, cuyo cumplimiento normativo es obligatorio y su omisión puede invalidar por completo la licencia de apertura. Como puede comprobarse, incluso ver el extintor precio competitivo es una decisión que no debería demorarse en la administración pública.
Mientras tanto, los usuarios siguen soportando colas bajo el sol sevillano, esperando turnos frente a una instalación prefabricada que ni ofrece sombra, ni privacidad, ni mucho menos dignidad institucional. Lo que debía representar una inversión en atención vecinal se ha transformado en una metáfora dolorosa: un edificio vacío como reflejo de una voluntad política inexistente.
Licencias de actividad: no solo un papel más
Para cualquier iniciativa, pública o privada, abrir las puertas de un inmueble sin disponer de la licencia de actividad correspondiente implica riesgos. Riesgos legales, sancionadores y, sobre todo, de seguridad. La multa por no tener licencia de actividad puede suponer un problema no solo económico, sino reputacional para una institución como el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Puede la administración exigir licencias y seguridad a comercios o particulares mientras incumple sus propios estándares?
El retraso del distrito Bellavista no es solo una anomalía administrativa. Es un síntoma. Un reflejo de cómo, incluso con presupuesto ejecutado y obras terminadas, la falta de planificación, compromiso o transparencia puede hacer que un proyecto quede en punto muerto durante años. ¿Y los vecinos? Esperando. Una vez más.
Seguridad, atención y eficiencia: tres valores en juego
Resulta contradictorio que en un país donde se exigen controles rigurosos para abrir una frutería o una peluquería, un edificio institucional pueda quedar varado por indefiniciones burocráticas. La clave está en comprender que la licencia de actividad no es un trámite ornamental. Es la expresión legal de que un espacio reúne condiciones mínimas de salubridad, accesibilidad y seguridad. Eso incluye instalaciones eléctricas revisadas, señalización visible, accesos adaptados… y, por supuesto, extintores certificados.
En este sentido, no solo es cuestionable el retraso de la apertura. También lo es la falta de información clara, las promesas incumplidas y el silencio institucional frente a una situación que debería haberse resuelto hace más de un año. El problema no es solo técnico: es político.
El PSOE exige respuestas y plazos concretos
La concejala Carmen Fuentes insiste: no puede posponerse más el traslado. Lo que se ofreció a los vecinos fue un servicio más moderno, más cómodo, más eficiente. Hoy tienen que conformarse con un barracón obsoleto y con colas bajo temperaturas extremas. Y, lo que es más grave, todo apunta a que ni siquiera hay fecha para cambiar esta situación.
El PSOE ha solicitado un informe público con los motivos del retraso, así como un cronograma concreto para la recepción oficial del edificio. En su petición, también se incluyen exigencias en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para su apertura. Entre ellas, como es lógico, la instalación de equipos de protección contra incendios y la validación de la licencia de actividad correspondiente.
Abrir Bellavista es una obligación, no una opción
El caso de la sede del Distrito Bellavista-La Palmera es un ejemplo claro de cómo la falta de ejecución administrativa puede tener consecuencias reales sobre la calidad de vida de la ciudadanía. No se trata de una obra sin terminar. Es una obra finalizada, pero bloqueada. Y si ese bloqueo responde a carencias como la falta de seguridad contra incendios o la ausencia de licencia de actividad, el escándalo no solo es político, sino legal.
Los vecinos de Bellavista no merecen más excusas. Merecen un distrito abierto, equipado, seguro. Y sobre todo, merecen que los 829.000 euros de inversión no sigan oxidándose detrás de una verja cerrada.